El Grupo de Puebla alerta a la comunidad internacional por la condena judicial en contra del ex presidente Rafael Correa. El Lawfare, mecanismo extensamente usado por grupos políticos e instituciones para anular y perseguir a sus opositores, vuelve a utilizarse, tal y como ya se hizo contra el ex presidente Lula en Brasil, la ex presidenta Cristina Fernández en Argentina, y contra el propio Correa y su movimiento hace unos años en el Ecuador, para restringir su presencia en el país e impedir su participación en las elecciones del 2021.
Sirviéndose de la institucionalidad judicial, sectores políticos reaccionarios arremeten nuevamente en contra del ex presidente Correa, consiguiendo una sentencia de encarcelación por 8 años y quitándole sus derechos políticos por 25 años. Pese a los embates comunicacionales y judiciales en su contra, el ex presidente continúa liderando las encuestas con un gran respaldo popular, que crece cada día entre las y los ecuatorianos.
El Tribunal que sustancia el proceso en contra de Rafael Correa no ha aceptado peritajes internacionales de las pruebas, pero sí peritajes no profesionales y abiertamente parcializados. El proceso estuvo plagado de detenciones ilegales, delatores premiados, y pruebas forjadas y manipuladas.
La noche anterior a la sentencia, se filtró además evidencias de comunicación entre la Fiscalía General del Estado, parte procesal en el juicio, y el juez, reproduciendo la misma colusión expuesta en el contexto de Brasil entre el juez Moro y el fiscal Dallagnol. La aberración jurídica cometida en Ecuador será materia de estudio y sin duda de procesamientos penales por fraude procesal a futuro.
El ex presidente Rafael Correa es uno de los líderes políticos más relevantes de Latinoamérica. Su gestión de diez años no solo llevó bienestar a las y los ecuatorianos, sino que sirvió como modelo de desarrollo para la gestión política de países latinoamericanos y europeos. Hoy su liderazgo cobra más importancia y es visto con esperanza frente a la grave crisis económica, social, política y sanitaria que enfrenta el Ecuador.
El Grupo de Puebla, por todas estas razones, llama a las organizaciones internacionales y relatorías que velan por el respeto a los derechos humanos y democráticos, y por la independencia de jueces y abogados, a ejecutar acciones en contra de las irregularidades de este procedimiento judicial. La justicia no puede ser usada como el brazo político de una élite.
Firmado el 8 de abril 2020
Celso Amorim
Marco Enríquez-Ominami
José Miguel Insulza
Camilo Lagos
Guillaume Long
Fernando Lugo
Daniel Martínez
Esperanza Martínez
Aloizio Mercadante
Carlos Ominami
Carol Proner
Gabriela Rivadeneira
Dilma Rousseff
Carlos Sotelo
Jorge Taiana