Marcos Cárdenas Jahnsen y
Constanza Paredes Contreras
A días del plebiscito la opción rechazo se ha consolidado por un estrecho margen de ventaja frente al Apruebo, esta opción ha sufrido las consecuencias de los múltiples errores de su sector y se encuentra frente a uno de los peores pronósticos, como muchos especulan hace un tiempo, el fracaso de la convención constitucional.
Si bien estos resultados de encuestas no muestran una variación significativa con respecto a otras mediciones publicadas con anterioridad, se ha consolidado en la opinión pública que el Rechazo supera por un significativo margen al Apruebo en todo el país. Esto instiga los actores políticos, sobre todo a la izquierda democrática y progresista a preguntarse ¿qué salió mal? ¿por qué el Rechazo está liderando las encuestas si el Apruebo había ganado por una amplia mayoría en el plebiscito anterior? ¿cómo enmendar los errores para ser capaces de convocar acuerdos transversales y no perder la última oportunidad de defender la propuesta de nueva constitución de la Convención ni menos las expectativas de continuidad del proceso constituyente?
Resulta interesante trasladarse al inicio de todo esto, el estallido social como coyuntura crítica y el nuevo eje político que se construyó a raíz del proceso constituyente, nacido del mandato político y jurídico que expresó la ciudadanía en el plebiscito de entrada. Es necesario pensar en la desafección a las ideologías políticas y las redes sociales como el nuevo espacio público de este siglo para entender los actuales desafíos para la democracia chilena y, a efectos de este informe, entender los resultados del plebiscito del próximo 4 de septiembre, no solo por la guerra de desinformación a la que se enfrentó la Convención Constitucional, sino que por todos los errores mediáticos que el gobierno y esta misma cometieron durante el proceso.
Breve diagnóstico de la crisis sociopolítica
Un relato común que se instaló entre los intelectuales y académicos de distintos sectores después de la denominada revuelta social, estallido social o primavera chilena fue que el modelo de desarrollo chileno, instaurado en la dictadura, había llegado a su fin. Para muchos fue esperanzador ver cómo tanto las principales avenidas de Santiago como las capitales provinciales de las distintas regiones se llenaron de miles de manifestantes, superando los tres millones a lo largo de todo el país, mientras que para otros fue simplemente inaudito ver cómo lo que se había estado gestando durante décadas de malestar era más grande y grave de lo que pensaban.
Estudiantes secundarios y universitarios, profesores, diversidades sexogenéricas, adultos de la tercera edad, activistas medioambientales, barras de equipos de fútbol, personas pertenecientes a diversos pueblos originarios e incluso familias se reunieron en las calles para interpelar al orden institucional y exigir cambios sustanciales. Sin embargo, a diferencia de anteriores manifestaciones con las que muchos de estos grupos sostuvieron demandas durante décadas, las organizaciones de movimientos sociales jugaron un papel marginal, lo que sorprende dada su centralidad en las campañas de protesta de los últimos quince años (Somma & Medel, 2019) y desorienta dado que las clásicas formas de hacer política no han logrado descifrar este nuevo fenómeno.
Para Mauricio Morales (2021) los chilenos enfrentamos cuatro crisis temporales: primero, crisis de participación política; segundo, una crisis de representación política; en tercer lugar, crisis de confianza en instituciones de orden público y orden social (Carabineros e Iglesia Católica) y en cuarto lugar, una crisis de probidad pública y privada. Agregamos lo que señala Manuel Antonio Garretón (2021) una cambio en el mapa cognitivo y lingüístico relacionado al componente colectivo de la polis (territorio y población) que muta hacia una conceptualización en donde la ciudadanía es una agregado de colectividades, de identidades particulares, de individuos e individuas.
De hecho, para autores como Somma (2017), las explicaciones más convincentes a la falta de liderazgo y agencia clara de este fenómeno tienen que ver con el compromiso político de los manifestantes y los agravios asociados al modelo socioeconómico neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet. Las expectativas de movilidad social y bienestar instaladas desde el retorno a la democracia entraron en colisión con la naturaleza excluyente del sistema hasta llegar a un punto de inflexión con el aumento de tarifas de la locomoción colectiva el 18 de octubre de 2019. Pero, como se pudo evidenciar en los últimos eventos electorales, también tiene que ver con los espacios alternativos para la expresión y el activismo que brindan las redes sociales y los nuevos vínculos que, a pesar de su debilidad, están logrando definir el debate público (Somma et al., 2020).
Durante el estallido social la ciudadanía expresó demandas con claridad, pero, hoy, los esfuerzos políticos adaptados para cumplirlas no parecen los adecuados. ¿Acaso los intereses de la ciudadanía cambiaron o fue incorrecta la interpretación que hizo el sistema político de estos? Si bien es central el hecho de que las desigualdades socioeconómicas, étnicas y de género se han vuelto cada vez más insoportables (Somma et al., 2020), pensar en el fin del modelo de desarrollo chileno tal vez fue un poco precipitado, pero no incorrecto si consideramos el divorcio entre la élite política y la realidad social. El sistema político chileno ha tenido importantes dificultades, durante las últimas décadas, para responder a los cambios de la sociedad y los vaivenes de la opinión pública (Correa, 2008), sobre todo, para representar a una ciudadanía heterogénea que ha optado por privilegiar formas personalistas de hacer política mientras estas le prometan cambiar las cosas.
En medio de lo que parecía un conflicto social sin salida, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre, entre casi todos los partidos políticos, apuntaba precisamente a esta crisis de gobernabilidad y representación que podría convertirse fácilmente en una crisis del sistema democrático eventual colapso del sistema de partidos. Después de todo, la falta de un centro político posicional articulador de consensos, ha precipitado al sistema de partidos hacia los extremos mientras que las divisiones sociales y algunas desactualizadas instituciones electorales, se encargaban de fragmentarlo.
El 25 de octubre de 2020, el plebiscito de entrada que consultaba a los ciudadanos si aprobaban o rechazaban la elaboración de una nueva constitución, y si esta debía estar redactada por una asamblea constituyente o una asamblea mixta, resultó en un 78,27% de votos a favor del Apruebo y en un 78,99% a favor de la Convención Constitucional (Servel, 2020). El nivel de participación de este evento electoral no tiene precedentes en la historia de Chile, en especial si se considera el descenso de los disturbios y la progresiva normalización del orden público desde el anuncio del acuerdo, pero el proceso constituyente poco a poco comenzó a perder adherencia de la ciudadanía, enfrentándose a fuertes críticas de la opinión pública, que nos obliga a replantearnos definitivamente el rol de los partidos políticos y las nuevas formas de participación en este nuevo capítulo de la democracia chilena.
Partidos políticos menguados y los vaivenes de la opinión
La necesidad de repensar las instituciones propias del sistema de partidos chileno discutida en otros artículos e informes públicos con respecto a la actual crisis de representación política, apuntan normativamente a la modernización de los partidos políticos. Algunos de los desafíos más grandes para los partidos políticos provienen tanto de su desorientación frente a las aspiraciones de sectores sociales emergentes como de la pérdida del monopolio de la información política de la que décadas atrás disfrutaban junto al Gobierno.
Apenas un siglo atrás, el Gobierno y los partidos políticos ejercían el dominio de la interpretación política en coordinación con los medios de comunicación de la época, pero el mundo cambió y las sociedades cada vez cuentan con más herramientas para acceder a información de diversos orígenes y difundir discursos políticos contradictorios a los discursos del establishment. Si bien esto empoderó a la ciudadanía, la política está más mediatizada que nunca y los medios de comunicación como la televisión aumentan su capacidad de interpelar políticamente al individuo en la medida disminuye la afiliación partidaria (Correa, 2008).
Podría decirse que los orígenes del debilitamiento de los partidos políticos proviene de la dictadura, pues desde su constitución se empeñó en desconectar a la ciudadanía de las organizaciones colectivas y a generar una cultura de rechazo hacia la política (la antipolítica), lo que explica la atracción hacia los candidatos independientes y la tecnocracia de las últimas décadas. Sin embargo, también existe cierto grado de responsabilidad de las instituciones al no adaptarse al nuevo entorno informativo en el que se desempeña la comunicación política, después de todo cambió la dinámica con la opinión pública, la cual ha trascendido de los sondeos para expresarse orgánicamente a través de distintas plataformas digitales.
Gracias a esto, instituciones como el Gobierno se enfrentan a un agudo y semanal escrutinio público por parte de distintos segmentos de la ciudadanía, lo que es sumamente relevante si pensamos en el progresivo desprestigio de la convención constitucional y las oportunidades perdidas del gobierno para posicionarla favorablemente en el escenario político del país. Como explica Correa (2008), así como ningún grupo social es portador de los intereses generales de la sociedad, las acciones políticas de gran amplitud, como el proceso constitucional legitimado en el mandato político y jurídico del plebiscito de entrada, corren el riesgo de ser impopulares si no son comprendidas y apoyadas por la opinión pública.
Y si hay algo claro sobre la opinión pública y sus vaivenes, más claro que la cuestión sobre el nuevo clivaje que ordena la política chilena, es que la ciudadanía exige transparencia y compromiso público, como también orden y seguridad.
El controvertido funcionamiento radicalizado de la convención
Enmarcado en un contexto convulso para diversas democracias del mundo, el proceso constituyente chileno fue observado con mucha esperanza tanto a nivel nacional como internacional debido a la oportunidad que significó de participación ciudadana en la reforma de las bases del Estado y las diversas innovaciones que generó en materia de representación política.
Algunas de las iniciativas más destacadas y, a la vez, más controvertidas fueron los escaños reservados para pueblos originarios, la composición paritaria y la conformación de listas de independientes, así como la participación de independientes fuera de lista. A pesar del inicial entusiasmo que generaron estas iniciativas, no fueron sino las posiciones políticas que dispusieron al interior de la convención las responsables del desprestigio de esta misma (sobre todo los sectores radicales de derecha y radicales de izquierda), después de todo, ante la oportunidad irrepetible de articular normas constitucionales que respondieran a las luchas de ciertos colectivos políticamente marginados hasta el momento, muchas veces los convencionales ignoraron las susceptibilidades de la ciudadanía y las observaciones de sectores más conservadores.
Ejemplo de esto fue la situación con las iniciativas populares de norma, un proceso que contaba con altas expectativas de la ciudadanía, pues con el rechazo de algunas de las iniciativas más patrocinadas como Con mi plata NO comenzó el primer período de declive del apoyo ciudadano hacia la Convención, cambiando por completo la tendencia que hasta el momento favorecía al Apruebo. Esta situación se profundizó ante diversos episodios y disputas dentro del pleno de gran impacto mediático y vergonzosos escándalos relacionados a convencionales en particular, pero, sobre todo, al debate en torno a propuestas de norma que rozaban los límites de lo democratico, y, que, naturalmente, fueron percibidas como propuestas demasiado extremas.
Si bien muchas de estas situaciones no definieron al texto definitivo, de hecho, muchas de las propuestas más controversiales no pasaron más allá de sus respectivas comisiones, quedó instalado en el debate público el carácter poco dialogante con la realidad nacional de la Convención Constitucional. Además, quedó en evidencia el negacionismo sociológico a la derecha chilena, que si bien históricamente ha cooptado el escenario político y han obstaculizado los acuerdos necesarios para hacer las reformas sociales demandadas más oportunamente, debía tener la oportunidad de participar plenamente del proceso para dotarlo de legitimidad y equilibrio ante los ojos de la ciudadanía.
Los errores del gobierno
Incompetencias, impericia, falta de reformas, errores no forzados y políticas sustanciales dentro de los primeros meses de mandato de Boric han sido la gran debacle del mismo. El prematuro fracaso de la Ministra del Interior a inicios del gobierno visitando la Macro Zona Sur, el pronunciamiento de autoridades argentinas sobre Wallmapu, el reconocimiento de presos políticos por parte de la defenestrada Ministra Jeanette Vega, el impasse del avión con migrantes de Izkia Siches, la crítica del Presidente Gabriel Boric a EEUU en la Cumbre de las Américas, el adelantamiento de las vacaciones de invierno, el gabinete Irina Karamanos, el cierre (enbuenahora) de la fundición de Ventanas pero con pésima comunicación política, el manejo sobre la detención del líder de la CAM Héctor Llaitul, conflicto de interés en personeros del gobierno y su parentela y la moralina muy parecida al gobierno de Sebastián Piñera, Piñera señalaba que era el Gobierno de los mejores, hoy es el Gobierno de los moralmente superiores en palabras del Ministro Secretario General de la Presidencia Giorgio Jackson.
Estos episodios han sido muy costosos para la aprobación del gobierno, que ya se encontraba en una situación complicada al recibir al país con altos niveles de inflación y desconfianza interpersonal, rezagado por la pandemia y enfrentando uno de los procesos políticos más importantes de su historia democrática. El desafío estaba en cuidar este proceso, por el contrario, la Convención Constitucional enfrentó las consecuencias de la cuestionable gestión de crisis e inefectiva comunicación estratégica del gobierno, pues no solo perdió aprobación por arrastre sino que aliados políticos a los que el gobierno no pudo convocar una vez atacó.
Escenarios post 4 de septiembre
El afamado día después solo puede significar dos grandes escenarios. De ganar el Apruebo el proceso constituyente entrará en su fase final, se instalarán los nuevos valores políticos de nuestra democracia y el gobierno se verá políticamente fortalecido. Sin embargo, de ganar el Rechazo, la posibilidad de continuar con el proceso dependerá de la articulación de un nuevo acuerdo entre los distintos sectores políticos e implicará importantes ajustes en un gabinete que fracasó.
Considerando que ninguno de los escenarios estará exento de disputas, la oportunidad de destrabar el proceso constituyente recae en el vilipendiado Congreso Nacional. En el caso del Apruebo, la continuidad se da en materias de contenido donde se buscaría impulsar reformas que cumplan con los 2/3 más plebiscito para casos específicos lo que requiere de 103 votos en la Cámara de Diputados y 33 votos en el Senado, o bien con los 4/7 lo que requiere de 89 votos en la Cámara y 29 votos en el Senado. En el caso del Rechazo, se requieren 4/7 para hacer una modificación del artículo 142 para impulsar la elaboración de una nueva Constitución, reconociendo como mandato ciudadano la voluntad expresada en el plebiscito de entrada. De todos modos, provisionalmente seguirá vigente la actual Constitución de 1980 remendada el 2005.
Conclusiones
Max Weber señala que existe un binomio inseparable que dinamiza la acción política: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Durante veinte años los gobiernos de la Concertación argumentaron sobre la responsabilidad para mantener en pie la transición democrática que salía del trauma autoritario. No obstante, los miedos iniciales se transformaron en exceso de pragmatismo y fue lo hegemónico en la narrativa de la medida de lo posible, la tecnocracia y la cristalización del modelo económico de la dictadura con correcciones. El ciclo de este gobierno y el posible Nuevo Proceso Constituyente, tiene que dotarse de nueva legitimidad. Dicho de otro modo, dotar de sentido a la acción estatal, y que la ciudadanía se sienta interpretada en ese nuevo sentido en sus demandas y necesidades.
Resulta relevante prepararse para este escenario y poner en valor todos los aprendizajes que la experiencia de la convención constitucional le otorgó al país, así como las visionarias materias, incluidas en el texto, que se instalaron en el debate público. La posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente cuenta, al parecer, con el suficiente apoyo parlamentario, pero esta vez sin el concepto de hoja en blanco y con una nueva fórmula de composición, usando como insumos la Propuesta de Nueva Constitución de Michelle Bachelet y la Propuesta de Nueva Constitución de la Convención Constitucional que sigue siendo la esperanza para la mayoría sociológica del país. Es vital el horizonte normativo de reconectar a los partidos políticos y otras organizaciones colectivas a los intereses de la ciudadanía, sin perder la energía utópica, para enfrentar los nuevos signos de los tiempos: orden, seguridad, estabilidad y reformismo gradual.
Referencias bibliográficas
Activa, Pulso Ciudadano (22 de agosto, 2022). Pulso Ciudadano Electoral 53,5% votaría rechazo y un 46,5% votaría apruebo en un escenario de votante probable, según el 5º pronóstico electoral del Plebiscito de Salida. Activa. https://chile.activasite.com/estudios/pulso-ciudadano-electoral-2/
Correa, E. (2008). Apunte sobre la crisis de representatividad partidaria en Fontaine, A., Larroulet, C., Navarrete, J. y Walker, I. (Eds.), Reforma de los partidos políticos en Chile (245-250). PNUD, CEP, Libertad y Desarrollo, Proyectamérica y CIEPLAN.
Servel (26 de octubre, 2020). Plebiscito Nacional 2020 fue la mayor votación de la historia de Chile. Servel. https://servel.cl/plebiscito-nacional-2020-fue-la-mayor-votacion-de-la-historia-de-chile/
Somma, N. (2017). Discontent, collective protest, and social movements in Chile in A. Joignant, M. Morales, & C. Fuentes (Eds.), Malaise in representation in Latin American Countries (47–68). Palgrave MacMillan.
Somma, N., & Medel, R. (2019). What makes a big demonstration? Exploring the impact of mobilization strategies on the size of demonstrations. Social Movement Studies, 18(2), 233–251.
Somma, N., Bargsted, M., Pavlic, R. & Medel, R. (2020). No water in the oasis: the Chilean Spring of 2019–2020. Social Movement Studies, 20(4), 495-502. https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1727737
Informe Progresista N°001 – Plebiscito de salida.docx