Marco Enríquez-Ominami
Patricia Morales Errázuriz
A través de la presente carta pública, junto con agradecer a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), las reuniones sostenida entre el equipo negociador del TPP y representantes de los equipos programáticos de Fundación Progresa y el Partido Progresista de Chile (área salud, medio ambiente y cambio climático), quisiéramos dejar constancia de algunos comentarios y dudas expresados durante las reuniones sostenidas y que estimamos, pueden perjudicar seriamente los intereses de Chile.
Lo hacemos esperando que estos elementos puedan ser considerados en la discusión posterior al cierre de las negociaciones, ya sea en el Congreso o entre ministerios.
1. Creemos que es necesario reflexionar sobre la posibilidad de establecer un sistema de negociaciones en el cual Cancillería negocie una vez que el Congreso hay aprobado, de manera trasparente y conforme a sus atribuciones, los márgenes de esta negociación. Esto mejoraría sin duda los estándares de transparencia y participación ciudadana, a la hora de definir la pertinencia de ingresar a un proceso negociador como el TPP y bajo qué condiciones.
2. Quisiéramos saber si existe algún estudio formal de costo-beneficio, sectorial, sobre el TPP. En otras palabras, cuáles fueron los insumos y argumentos para ser parte de esta negociación, considerando que Chile posee un tratado bilateral con cada uno de los países que forma parte de esta negociación.
3. En materia medioambiental, resulta particularmente preocupante el mecanismo de resolución de conflictos previsto, por ejemplo, en caso de diferencia entre una empresa perteneciente a un país miembro del TPP y el Estado chileno. En tal caso, de existir una resolución por parte de la corte nacional contra una corporación transnacional, esta última podría solicitar la constitución de un nuevo Tribunal, compuesto por tres juristas contratados, y cuya decisión debiese ser reconocida por sobre la del país. En otras palabras, considerando el patrimonio ambiental de Chile y la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental, existe el riesgo de que este mecanismo no solo termine reduciendo nuestra soberanía, sino también debilitando aún más nuestro patrimonio natural, cuyo valor económico, social, ambiental no ha sido debidamente calculado en Chile.
4. El TPP se negocia en un momento político particular en Chile, pues se está debatiendo sobre el rol del Estado en industrias fundamentales vinculadas a recursos naturales básicos o mineros. En ese contexto, sería imprudente comprometer una política pública que sea contradictoria con, por ejemplo, una futura decisión de nacionalizar algún recurso natural.
5. Quisiéramos preguntar formalmente si el TPP tiene un inciso que prohíbe cualquier mención al Cambio Climático en las negociaciones y acuerdos finales. De ser, consideramos que el Estado debiese aclarar las razones por las cuales se aceptaron estas condiciones puesto que el cambio climático dominará la agenda internacional en los próximos años.
6. Finalmente, quisiéramos saber cuáles son las 600 empresas que participaron de la redacción y reuniones de éste tratado.
De antemano agradecemos la buena acogida de esta carta.
Saludos cordiales.
Marco Enríquez-Ominami (Presidente Fundación Progresa)
Patricia Morales (Presidenta Partido Progresista)
Jorge Vergara (Coordinador Programa Medio Ambiente Fundación Progresa)
Oriele Nuñez (Médico, Programa salud Fundación Progresa)