![[Columna] La derecha neoliberal y la experiencia de enfrentamiento a la COVID–19 en Gobiernos Progresistas](https://www.fundacionprogresa.cl/wp-content/uploads/2020/05/Sanna-Marin.jpg "[Columna] La derecha neoliberal y la experiencia de enfrentamiento a la COVID–19 en Gobiernos Progresistas")
Por Víctor Osorio.
El autor es director ejecutivo de la Fundación Progresa.
Cuando el Gobierno de Sebastián Piñera parecía aún resistirse a disponer medidas drásticas para enfrentar la pandemia, en medio del aplauso generalizado de la derecha neoliberal, uno de sus principales propagandistas, Axel Kaiser, escribió el 13 de mayo lo siguiente: “Es hora de aceptar que contagios se producirán sí o sí. (El) modelo sueco es ejemplo a seguir. Cuarentenas terminarán produciendo catástrofe peor que lo que se pretende evitar”.
Las palabras de Kaiser fueron particularmente notables. En primer lugar, porque ese mismo día el Gobierno decretó la cuarentena total para la Provincia de Santiago, además de otras localidades del país. Ello, frente a la constatación de la enorme propagación de la COVID–19, lo que en los días y semanas posteriores se expresó en que la cantidad de los contagios y decesos se multiplicaran exponencialmente, en un tácito reconocimiento del fracaso de la estrategia implementada hasta entonces (cuarentenas dinámicas y focalizadas, para no afectar, supuestamente, el funcionamiento de la economía).
Ya para el 26 de mayo, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconocía: “Las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero se han derrumbado como castillo de naipes”. A finales de mes, las muertes ya ascendían a 944 y se registraba un total de 90.638 contagiados, cifra que se ubicaba por encima de China. El porcentaje de ocupación de camas críticas se situaba en 86 por ciento, mientras que en la Región Metropolitana el porcentaje se encontraba en 93 por ciento, a un paso del colapso del sistema sanitario.
Según el conteo que ejecuta la Universidad estadounidense de Johns Hopkins, Chile era el tercer país de Sudamérica con más contagios de COVID–19, detrás de Brasil (segundo a nivel del mundo detrás de Estados Unidos) y Perú. Todos ellos, con Gobiernos de orientación neoliberal.
Al mismo tiempo, resultaba impresionante que Kaiser valorase una política de Suecia, en circunstancias que Kaiser, así como el conjunto de profetas y apologetas del neoliberalismo, sostienen que los gobiernos de izquierda (es decir, los que propugnan una orientación de regulación estatal de la economía y redistribución del ingreso) conducen invariablemente a la catástrofe, y que el único camino para el crecimiento económico y la prosperidad es la desregulación de los mercados, como propugna el paradigma neoliberal, con una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado.
LA EXPERIENCIA DE SUECIA
Suecia es un Estado Social de Derecho, con un Estado garante de derechos sociales y una participación determinante en la regulación de la economía, cuya construcción fue obra de un proyecto socialista democrático, que ha gobernado una parte significativa de la historia contemporánea de ese país, pero que finalmente es compartido en sus pilares esenciales por el conjunto de los actores políticos. El resultado, contrario a las falacias y las falsedades neoliberales, no ha sido el descalabro económico. Suecia proporciona seguridad social, salud y educación gratuitas y universales; y es uno de los países con mayor esperanza de vida. Al mismo tiempo tiene el undécimo ingreso per cápita más alto del mundo, es una de las 20 economías más grandes del mundo y ocupa la octava posición entre los países con mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Las premisas del modelo sueco de desarrollo, impulsadas por el Partido Socialdemócrata y el movimiento obrero de Suecia, son la responsabilidad del Estado en garantizar el bienestar social, políticas de desarrollo de pleno empleo y provisión de una red de servicios públicos universales, en el marco de una concepción comunitaria del Estado y la solidaridad social. De este modo, por ejemplo, tiene uno de los índices de alfabetización más altos en el mundo con un 99%, con una inversión pública en educación que llega al 7,7% del PIB. Los derechos sociales se sustentan en política redistributivas, a través de un sistema tributario en que los sectores de mayores ingresos pagan proporcionalmente más impuestos.
El Primer Ministro de Suecia es Stefan Löfven. Trabajó como soldador previo a ser electo secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Industriales (IF Metall), cargo que ocupó entre 2005 y 2012, para luego asumir como timonel del Partido Socialdemócrata, colectividad a la que ingresó, según ha señalado, bajo la inspiración del internacionalismo de Olof Palme, quien pasó a la historia, por ejemplo, por su política de solidaridad con el pueblo de Chile frente a la tiranía. Desde el Gobierno, Löfven ha privilegiado el acuerdo con el Partido Verde y el Partido de la Izquierda, que recoge tradiciones comunistas y marxistas.
Los profetas y apologetas del neoliberalismo suelen responder con furor que Suecia es un país capitalista y no socialista, por la existencia de una economía de mercado y del sector privado, pese a que nadie –seriamente– pudiera asegurar que responda al paradigma del neoliberalismo. De hecho, cuando en América Latina se han propuesto políticas de social prosperidad, de redistribución y derechos sociales, aún más moderadas que las existentes en Suecia, los neoliberales han reaccionado, siempre, denunciándolas como “socialistas”. Con todo, más allá de la experiencia de Suecia, solamente desde los prejuicios neoliberales se puede sostener que un proyecto socialista y democrático debe ser contradictorio con el mercado y un sector privado de la economía.
Lo señalado es importante para aprehender con rigurosidad la estrategia sueca frente a la pandemia, que no ha contemplado cuarentenas totales y obligatorias. Su premisa es la fortaleza de su sistema público y estatal de protección social. La salud es pública, gratuita y de acceso universal, con una inversión fiscal en 11,9% del PIB total. Así, es sorprendente que Kaiser invoque el diseño sueco de enfrentamiento a la COVID–19 como modelo para Chile, en circunstancias que nuestro país no existe un Estado protector como en Suecia y, más aún, Kaiser se cuenta entre los que no quieren que exista algo siquiera similar. A ello se suma que la institucionalidad democrática sueca no permite confinar al país en tiempos de paz. Por ello se ha apelado a la responsabilidad personal, en un país marcado por una profunda conciencia de igualdad y cooperación.
Es francamente disparatado suponer que el modelo sueco frente al nuevo coronavirus pudiera ser aplicado a la realidad chilena.
Uno de los errores básicos del discurso neoliberal es su generalización falaz. No existe, en Chile y en el mundo, una única izquierda, existe diversidad e izquierdas. Por lo demás, en el campo de la derecha y el mundo conservador tampoco hay completa homogeneidad: en el caso de Suecia, sectores de la derecha de ese país sin duda serían considerados “estatistas” por la derecha neoliberal chilena. Tampoco se ajusta a la realidad la noción de que todas las experiencias neoliberales sean exitosas en términos económicos y sociales, lo que no pasa de ser un recurso retórico propagandístico: el descalabro económico general que produjo el Gobierno de Mauricio Macri en Argentina es un ejemplo próximo y reciente de la falsedad de ese presupuesto.
En el caso de Chile, pareciera estar relativamente asentado que uno de los efectos del modelo ha sido la desigualdad. En el caso de la pandemia ha quedado de manifiesto sus impactos brutales en la vida cotidiana: así lo mostraron las palabras del Ministro Mañalich cuando dijo, el 28 de mayo, que una de las causas de la propagación del virus era el nivel de pobreza y hacinamiento, “del cual yo tenía conciencia de la magnitud que tenía”…
Ahora bien, es menester consignar que es dudoso que el camino sueco para enfrentar la pandemia pueda ser considerado exitoso, pues su tasa de muertes por coronavirus respecto al total de su población hasta ahora es una de las más altas de Europa y está muy por encima de sus vecinos escandinavos. A mediados de mayo había más de 3.600 muertes, un país con 10 millones de habitantes, mientras que en Dinamarca, Noruega y Finlandia había unos mil decesos, en circunstancias que la población sumada de los tres países llega a 15 millones de habitantes, y allí fue impuesto el confinamiento a sus poblaciones.
Conforme a estadísticas de la web Our World in Data, en la semana del 23 al 29 de mayo Suecia superaba a otros países del mundo en el porcentaje de muertes por el coronavirus cada día. El número diario de fallecimientos por millón de personas llegaba a 5,59, cifra 11 veces mayor que el promedio mundial. Según datos de la Universidad John Hopkins, las cifras ascendían a los 36.476 contagiados y los 4.350 fallecimientos.
LOS CASOS DE FINLANDIA Y NUEVA ZELANDA
No obstante, existen otros dos casos en que forma inequívocamente exitosa se ha logrado confrontar la pandemia: Nueva Zelanda y Finlandia. Ambos gobernados por mujeres con convicciones de izquierda, feministas y socialistas.
En el caso de Finlandia, el Gobierno informó a mediados de mayo que la epidemia ya está controlada, considerando el ritmo de nuevos contagios y de fallecimientos, aunque aún no podía darse por superada. En ese momento, las autoridades dieron el paso de una apertura escalonada y con restricciones de escuelas y fronteras, las que permanecieron cerradas por casi dos meses. Finlandia declaró el estado de emergencia a mediados de marzo, cuando aún no se registraban víctimas mortales, y aplicó fuertes restricciones, como el aislamiento de la región de Helsinki y el cierre de fronteras, establecimientos educacionales, locales de ocio y espacios culturales.
La Primera Ministra, Sanna Marin, anunció el 15 de mayo que el país había logrado frenar la propagación de la pandemia gracias a “una respuesta temprana”, que había permitido que se lograra “frenar la progresión de la epidemia”. La nueva etapa ha sido definida como una “estrategia híbrida”, que consiste en mantener determinadas restricciones y al tiempo centrar esfuerzos en multiplicar los test, seguir las cadenas de contagio, aislar los infectados y proporcionar cuidados médicos a los enfermos que los requieran. “Es necesario continuar con esa estrategia hasta que la epidemia esté bajo control a nivel global”, dijo.
Sanna Marin es la mujer más joven del mundo al frente de un país, con 34 años, y dirige un gobierno de coalición junto a otros cuatro partidos progresistas y de centro izquierda, todos liderados por mujeres y cuatro de ellas menores de 35 años. Esa convergencia incluye la Liga Verde, ecologistas, y la Alianza de Izquierda, que nació de la unidad de los comunistas con otras colectividades.
Su historia es notable. Fue criada por una pareja de dos mujeres, lo que –a diferencia de los prejuicios detestables de los conservadores– en nada afectó a su orientación heterosexual y su camino de desarrollo personal: en la universidad, para pagar sus estudios en Ciencias Políticas, trabajó como panadera, repartidora de revistas, cajera y vendedora de tienda, al tiempo que ingresaba a las filas del Partido Socialdemócrata con 20 años.
Al proclamarse como Primera Ministra, el ultraderechista Ministro del Interior de la vecina Estonia se burló de ella llamándola cajera y poniendo en duda su capacidad. Su respuesta: “Estoy extremadamente orgullosa de Finlandia. Aquí el hijo de una familia de trabajadores puede educarse y alcanzar sus objetivos en la vida. Y una cajera de supermercado puede convertirse incluso en Primera Ministra”.
En este sentido, ha manifestado que pudo llegar a Primera Ministra gracias a su Estado social de Derecho, a la educación pública de calidad y una igualdad de oportunidades real, y que su compromiso político es luchar para que ello siga siendo posible en Finlandia, con una identidad de izquierda, ecologista y feminista basada en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, según explica en su sitio en Internet.
Sin la fortaleza social del Estado protector, las restricciones adoptadas hubieran sido más complejas de operacionalizar.
Otro caso notable es Nueva Zelanda. Hace unos pocos días, el Gobierno informó que el país “no tiene a ninguna persona hospitalizada por coronavirus”, luego de haber dado de alta al último paciente ingresado a los recintos hospitalarios y después de cinco días en los cuales no se registraron nuevos casos.
Nueva Zelanda confirmó su primer caso el 26 de febrero, pero cerró sus fronteras antes del 19 de marzo y comenzó a imponer un bloqueo a gran escala desde el 26 de marzo. El éxito del país al no tener contagios significa que el bloqueo podría ser prácticamente eliminado en las próximas semanas. El recuento oficial de 1.504 contagiados no se había modificado desde una semana, mientras que el número de muertos, 21, no había aumentado desde el 6 de mayo pasado.
A finales de marzo, la Primera Ministra Jacinda Ardern impuso medidas de confinamiento extremadamente estrictas, siendo considerada por el mundo científico como un ejemplo a seguir. Desde el inicio de la pandemia, cuando registraba apenas unas pocas docenas de casos, cerró las fronteras; decretó la suspensión total del funcionamiento de oficinas y escuelas, así como de actividades comerciales; y generó una extensa operación de pruebas y rastreo de contactos.
La radicalidad del pensamiento de la Primera Ministra de Nueva Zelanda se expresó en su enfoque para enfrentar la pandemia: su objetivo no era meramente aplanar la curva de los contagios, o lograr la mitigación del virus, sino posibilitar su eliminación en el país.
Jacinta Ardern, que integra las filas del Partido Laborista, se define como una mujer de ideas progresistas, republicanas, socialistas y feministas. Uno de los ejes programáticos de su gobierno ha sido la defensa y perfeccionamiento del Estado Social de Derechos de Nueva Zelanda. En este sentido, ha planteado otorgar prioridad a la mejora en la calidad de vida frente a los indicadores económicos. “Si bien el crecimiento económico es importante, y lo seguiremos buscando, por sí mismo no garantiza las mejoras de los estándares de vida de los neozelandeses”, ha señalado la Primera Ministra.
En ese contexto, su gobierno ha ocupado la herramienta “Marco de los estándares de vida”, basada en parámetros como la identidad cultural, el medio ambiente, la vivienda, el nivel de los ingresos, el consumo y las conexiones sociales.
Detalló: “Nadie quiere vivir en un país donde a pesar de un fuerte crecimiento económico hay familias sin hogar, el medio ambiente se degrada con rapidez o las personas con problemas de salud mental no reciben el trato que necesitan”.
Aparte de la fortaleza del Estado en materia de protección social, el gobierno de Nueva Zelanda ha procurado poner en marcha medidas de contención de los impactos económicos y sociales de la pandemia, incluyendo programas especiales de apoyo a pequeñas empresas y trabajadores independientes, y suspensión de los pagos y compromisos financieros. La convicción es que en tiempos de pandemia se muestra la validez de un Estado garante de derechos.
En los tiempos de pandemia, un camino posneoliberal o alternativo al neoliberalismo es imprescindible.
Fuente: Crónica Digital.