Nadie puede ser llamado a confusión: aún cuando se suspenda la huelga de hambre, que hoy lleva más de 70 días, el conflicto mapuche continuará mientras no haya una voluntad de las distintas instituciones del Estado y de la sociedad civil para reconocer a los mapuches en un país multiétnico.
Para comprender lo que está aconteciendo ahora se hace necesario la visión de un largo período histórico – perspectiva de la cual no hacen mucha gala los personajes de las dos castas dirigentes – desde la guerra defensiva, predicada por el sacerdote jesuita Luís de Valdivia, los españoles reconocieron como territorio araucano desde el río Bío Bío al sur. A diferencia del actual, y de los anteriores presidentes de la república, los gobernadores de antaño no tenían ningún problema de parlamentar con los mapuches.
Con mucha razón, en la llamada Independencia, que no es más que una guerra civil – por eso cuesta entender qué Bicentenario se celebró este 18 de Septiembre – la mayoría de los caciques mapuches prefirieron luchar al lado de los españoles contra los autodenominados patriotas como si hubieran intuido que se iban a convertir en sus peores verdugos, capaces de las más brutales sevicias.
El ejército triunfante de la guerra del salitre no encontró mejor “entretención” que dedicarse a arrasar las tierras de los mapuches; a esta brutalidad el Cornelio Saavedra la llamó “la Pacificación de la Araucanía” – hasta el día de hoy, muchos profesores de historia siguen usando el mismo término -. Los métodos usados por el ejército chileno, de esa época, pueden formar parte de una enciclopedia del engaño, la vileza, la crueldad, la tortura y la muerte, con la consiguiente usurpación de las tierras que pertenecían a nuestros primeros habitantes.
Tanto los conservadores de izquierda como de derecha han demostrado una incapacidad a grado “heroico” para entender la realidad del pueblo mapuche y sus justas reivindicaciones: los primeros, los confunden con los pobres del campo y la ciudad, siendo verdad que son pobres, los mapuches reivindican, además, su realidad como pueblo diferente del chileno; los segundos, los conservadores de derecha, inspirados en el racismo de sus intelectuales, tienden a mirarlos como terroristas, como flojos, como borrachos, de una cultura inferior, como la definía Juan Francisco Encina.
Según mi opinión, la ley antiterrorista, tal cual está redactada, es parte de una legislación liberticida heredada de la dictadura y aplicada, vergonzosamente por los gobiernos de la Concertación, lo cual constituye un baldón que les pesará en conciencia mientras vivan. Los gobiernos de la Concertación han aplicado una política completamente errónea para tratar de buscar solución al tema de la expoliación del pueblo mapuche: se ha limitado a la compra de tierras manteniendo el poder de las grandes empresas madereras e, incluso, durante el período de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con el fin de instalar la Hidroeléctrica Ralco, se destruyó la forma de vida pehuenche; esta Alianza nunca entendió que era imprescindible un cambio constitucional, que reconociera a los mapuches como pueblo y que además, incluyera su representación en distintas instancias institucionales – consejeros regionales, parlamento, y otros -.
La aplicación de esta ley liberticida a los comuneros mapuches es simplemente una brutalidad y una injusticia flagrante, que vuelve a demostrar el monstruoso desprecio que nuestras castas en el poder han profesado hasta hoy al pueblo mapuche que, con mucha razón, desconfía de ellas.
El gobierno de Sebastián Piñera ha seguido la sarta de errores cometida por sus antecesores, con el agravante de que ha demostrado, en este caso, una enorme tozudez para resistirse al diálogo, esperando que transcurrieran más dos meses y los comuneros mapuches estuvieran en peligro de muerte para aceptar la intervención de Monseñor Ezzati, como facilitador de un posible diálogo entre las partes, que parece difícil, pues los presos en huelga de hambre están clarísimos en sus justas reivindicaciones, entre las cuales se cuentan: la competencia sólo de tribunales civiles; la aplicación del código penal – como en cualquier parte del país – y, por cierto, la no aplicación de la ley antiterrorista, pues ninguno de los actos de que se les acusa amerita la calificación de tal categoría.
Hasta el día de hoy no vislumbramos cuál va a ser la salida a la huelga de hambre, que todos deseamos que no termine en la muerte de un comunero, sin embargo, lo más importante sería el enfrentar, de una vez por todas, un conflicto que se ha venido arrastrando por casi dos siglos. Me atrevo a proponer algunos pasos a seguir:
1- reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios, como parte de un Chile multiétnico y multicultural.
2- la implementación de un federalismo atenuado, que logre terminar con el brutal y discriminador centralismo, que termina por ahogar a las regiones.
3- La derogación de todas las leyes liberticidas
4- La representación de los pueblos originarios en todas las instituciones del Estado chileno
5- La declaración de Chile como un país que tiene varias lenguas oficiales y sus respectivas culturas.
6- Un plan complejo de mejoramiento de las condiciones educacionales, de salud pública, de cultivo de tierras y de conectividad para la Araucanía.