El sistema impositivo chileno es asimétrico y completamente injusto: en el fondo, quienes llevan el peso de la carga pública son los pobres, la clase media y las empresas familiares, pequeñas y medianas. El impuesto a la primera categoría, que se supone dirigido a las ganancias de las grandes empresas, constituye apenas un exiguo 17%, y el royalty minero, en la actualidad, es de un 3%, uno de los más bajos del mundo. Tanto la Concertación, como la Coalición por el Cambio han sido renuentes a enfrentar un cambio en el sistema impositivo, que hoy se hace imprescindible.
En nuestro programa presidencial planteamos una serie de cambios radicales en el sistema impositivo que permitirían financiar la necesaria revolución en el campo educacional, en la salud, en seguridad y en la vivienda, que el Chile del Bicentenario requiere. Mis contendores, Eduardo Frei y el actual presidente, Sebastián Piñera plantearon, en diferentes foros, que no era necesaria una gran reforma del sistema impositivo; según el candidato de la Coalición por el Cambio, con un solo punto más de crecimiento se podrían financiar las reformas, que el candidato creía necesarias sin recurrir a una recaudación extraordinaria, vía tributación.
El terremoto y maremoto obligó al ahora Presidente a reconsiderar su dogmática posición respecto a mantener incólume el impuesto a la primera categoría y el que grava a la gran minería, especialmente del cobre. No puedo sino aplaudir la decisión de subir ambos impuestos, pues yo lo consideré, en forma mucho más radical e integral, en mis propuestas programáticas.
Cada uno de estos cambios tributarios lleva su propia trampa – una especie de “cazabobos” que permitirá, que las grandes empresas y las multinacionales, que explotan nuestro cobre terminen tributando, en un período muy corto, dos años, lo mismo o menos que actualmente. En el fondo, lo que define el aumento al impuesto de primera categoría es su transitoriedad: el Presidente de la República termina creyendo en el mismo mito que sostenía cuando era candidato – el crecimiento de un punto del PIB hace innecesario un cambio tributario que haga pagar a las empresas más ricas y favorezca a los ciudadanos de clase media y a la pequeña y mediana empresa.
El presidente Ricardo Lagos, para conseguir la aprobación de un escuálido 3% del royalty tuvo que empeñar la palabra del gobierno y del país, respecto a un compromiso de invariabilidad tributaria, hasta el año 2017. El gobierno actual pretende conseguir un royalty opcional, en base a un compromiso, por parte del Estado chileno, de mantener la invariabilidad, ahora, hasta el año 2027.
Las materias primas, en especial el cobre, abarcan un alto porcentaje de nuestras exportaciones y, por consiguiente, del ingreso de divisas, razón por la cual me parece discutible que un gobierno y un parlamento, elegidos ambos por un período de cuatro años, tengan el poder y se atribuyan una representación que les permite enajenar el derecho soberano de la ciudadanía, para decidir una materia tan importante como enajenar por un largo período, el derecho de modificar la tributación de empresas extranjeras, que explotan materias primas no renovables. Todas las democracias modernas tienen mecanismos plebiscitarios para resolver sobre aquellas materias que inciden, esencialmente, en la vida del país – lamentablemente, en Chile no se ha enfrentado una reforma política que permita la expresión de la soberanía popular en base a métodos de democracia directa.
No sólo el cobre, sino también otros minerales y, sobretodo, la conservación de derechos de agua, debieran ser materia de consulta plebiscitaria, pues constituyen elementos estratégicos para el desarrollo de la nación chilena.
Gobiernos como el de Australia no han tenido ningún problema para imponer un impuesto a la minería, aproximadamente de un 50%; ninguna empresa minera de ese país se ha atrevido a cuestionar su derecho soberano a decidir sobre las cargas públicas, especialmente de sus recursos naturales.
Es tal la desproporción entre lo que las empresas extranjeras repatrían a su país y los miserables impuestos que el gobierno chileno recaudaría para enfrentar una catástrofe, como el terremoto y maremoto, del pasado 27 de febrero. Con un precio del cobre, en la actualidad superior a tres dólares, cualquier impuesto a la minería resulta totalmente sostenible; el 3% de royalty que actualmente se recauda es la expresión de nuestro fracaso como sociedad, y el nuevo pacto respecto del mismo que pretende llevar a cabo este gobierno con las mineras es no solo un mal negocio sino que además condena a millones de familias a la sala de espera del desarrollo.
La pobreza es un terremoto permanente, que se ha agravado por el reciente cataclismo de la zona centro-sur; una reforma tributaria debiera dirigirse, fundamentalmente, a combatirla de raíz y, para lograrlo, hay que cambiar, radicalmente y sin contemplaciones, nuestro sistema impositivo y no simular, como lo estamos viendo actualmente, con aumentos tributarios transitorios que, al fin terminan favoreciendo a las grandes empresas monopólicas y bipolícas.