Propuestas a la Política de Drogas

drogasLa política de drogas en Chile tiene y ha tenido como meta disminuir el consumo y el tráfico de sustancias ilícitas. Sin embargo, ambos aspectos han demostrado un alza sostenida en los últimos años, lo cual sugiere que la estrategia desplegada a la fecha no ha dado los resultados esperados y, por el contrario, ha generado problemas sanitarios y legales aún más complejos. Esta tendencia va de la mano con lo que ocurre en un gran número de países en el mundo, en donde el enfoque de “guerra contra las drogas” ha probado ser ineficiente.

Resulta necesario reconocer que las políticas públicas diseñadas e implementadas hasta el momento en nuestro país, han fracasado. A su vez, se requiere modificar el paradigma actual y desarrollar una visión integral que incorpore elementos de salud pública, educación, seguridad humana y derechos civiles.

Propuestas Fundación Progresa

modificar ley

Modificar el Reglamento de Drogas

A mediano plazo, y de acuerdo a la evidencia científica, se requiere generar un nuevo método de clasificación de drogas que permita diferenciar los diferentes tipos de sustancias consumidas, legales o ilegalizadas, según sus efectos, potenciales riesgos para la salud, de generar dependencia, entre otros aspectos. En base a lo anterior, se establecerán estándares de prevención, rehabilitación y control diferenciados de para cada una de ellas.

En lo inmediato, resulta fundamental sacar la cannabis de la Lista 1 del actual Reglamento pues tal medida careció y carece de fundamentación científica, resultando incomprensible en términos de salud pública, que la cannabis se la califique como “sustancia altamente tóxica”, asimilándola a otras como la heroína o la cocaína, con las consecuentes consecuencias penales asociadas.

Modificar la Ley Nº 20.000 y las normas asociadas

Tal como lo demuestran diversos indicadores oficiales, la ley 20.000 ha demostrado ser un instrumento ineficaz para cumplir con sus propios objetivos declarados, entre los que destacan, la protección de la salud de la población, y el control del tráfico, producción y consumo de drogas. Llena de contradicciones y paradojas (como definir legal el consumo de drogas en determinadas circunstancias pero negar o dificultar cualquier forma lícita de acceso a ellas), ha terminado por hacer de los usuarios, su principal objeto de persecución penal. Por lo mismo, requiere ser modificada en aspectos sustanciales que permitan, efectivamente, cumplir con sus objetivos, con pleno resguardo a derechos constitucionales, ciudadanos y sociales elementales.

Entre otras medidas, resulta fundamental que la ley permita discriminar con niveles de objetividad razonables, entre prácticas asociadas a delitos (tráfico, microtráfico), y otras propias del consumo de drogas como el porte, la tenencia y/o cultivo para uso personal, en el caso del cannabis por ejemplo, estableciendo criterios, cantidades y circunstancias más precisas.

Lo anterior requiere modificar el Art. 4 de esta Ley, el cual crea el delito de “microtráfico de estupefacientes”. Bajo este artículo, quien sea descubierto con pequeñas cantidades de droga, se verá expuesto a una persecución criminal por microtráfico. En tal caso, el consumidor enfrentará la carga y la necesidad de acreditar, por sus propios medios, que la droga con que fue sorprendido estaba dirigida a su consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo y no al tráfico. De no convencer al Tribunal de su inocencia, el consumidor será condenado.

Igualmente, se debe eliminar la figura de “consumo concertado”.

Resulta también necesario modificar una serie de normativas discriminatorias que contiene la ley, como por ejemplo, la que afecta a abogados que defiendan causas por infracción a la ley de
drogas, quienes quedan inhabilitados de trabajar para el Estado vulnerando no solo el derecho al libre ejercicio de la profesión, si no sobre todo, al acceso a una legítima defensa.

Comisión de Reparación a víctimas de la Ley 20.000

La falta de fundamentos científicos sólidos de la actual política y ley de drogas (su reglamento incluido), y la discrecionalidad y arbitrariedad con que ha sido aplicada, han afectado y vulnerado gravemente los derechos, la honra y dignidad, de miles de personas en Chile, quienes, por el solo hecho de haber incurrido en conductas o “actos preparatorios de un hecho lícito –el consumo-, que no amerita reproche penal”, como el porte, tenecia o cultivo para uso personal de cannabis, tal como afirman destacados juristas, han sido acusados y/o condenados por infracción a la Ley de drogas, llegando al extremo de casos en que personas imputadas se han visto obligados a inculparse de delitos que no cometieron, con la sola finalidad de evitar sanciones mayores.

Son miles los casos de personas cuyos antecedentes penales se han visto injustamente afectados por infracciones a la ley de drogas, generándoles graves problemas a nivel personal, social, laboral y/o legal.

En función de lo anterior, y del nuevo marco regulatorio propuesto, constituiremos una comisión de expertos y representantes de la sociedad civil, que proponga criterios y mecanismos que permitan revisar y distinguir la situación de personas que, siendo usuarios y/o cultivadores de cannabis para uso personal, aparezcan inculpadas con condenas por delitos de tráfico, microtráfico u otros delitos asociados, de modo tal que puedan ser reivindicadas legalmente eliminándoles cualquier antecedente que los asocien a los delitos antes mencionados.

regular drogas

Regular y Controlar la Producción, Distribución y Acceso al Cannabis

Siendo la cannabis la sustancia ilegalizada más consumida en el país, socialmente más normalizada, con mayores niveles de tráfico y, al mismo tiempo, con menor potencial de riesgos y daños en términos sanitarios, resulta fundamental romper la cadena y vinculo existente entre el consumidor de cannabis y el narcotráfico, para lo cual se requiere contar con mecanismos regulatorios para que las personas mayores de edad que hayan decido o requieran consumirla, puedan hacerlo en condiciones legales, sociales, y sobre todo, sanitarias, de menores riegos posibles.

Lo anterior requiere, en primer lugar, generar un debate público, democrático y basado en evidencia, con amplia participación social -incluidas organizaciones de activistas y/o usuarios- que permitan revisar y analizar cuidadosamente las experiencias de otros países en este sentido para lograr definir los mecanismos más apropiados para regular y controlar el accesos a la cannabis y que deben considerar, entre otros, la regulación del autocultivo para uso personal, definiendo parámetros claros para caracterizarlo y formas de fiscalización de los mismos; las asociaciones de usuarios, organizaciones sin fines de lucro que permitan, de manera colectiva, la producción y distribución de cannabis entre sus socios; la provisión de cannabis por parte del propio Estado, a través de instancias y/o mecanismos especialmente diseñadas para tal objetivo; entre otras.

Todos estos mecanismos son viables y necesarios y pueden operar de manera complementaria, tal como lo están planteando en Uruguay. En cualquier caso, cualquiera sea la modalidad o modalidades a adoptar, estas deben considerar, al menos, los siguientes aspectos:

  • Dirigido exclusivamente a mayores de edad.
  • Operar en base a parámetros y criterios (gramos, metros, calidad, etc.), orientados a satisfacer el consumo personal de menos riesgos y para evitar su uso abusivo.
  • Dar las facilidades a los usuarios medicinales, diagnosticados y recetados, para acceder a las cantidades necesarias de acuerdo a sus requerimientos de tratamiento.

Esto último, implica derogar el Decreto Supremo N° 405 del Ministerio de Salud que prohíbe la producción, fabricación, preparación, distribución y expendio de productos de Cannabis o sus derivados, con fines medicinales, situación supuestamente autorizada por la Ley 20.000. Sin embargo, el Instituto de Salud Pública (ISP), dependiente del MINSAL, al no reconocerles propiedades terapéuticas al cannabis, implica que ningún profesional de la salud pueda, dentro de la legalidad, prescribirla o administrarla a sus pacientes.

Con la derogación del decreto en cuestión, se busca regular y facilitar el acceso al cannabis con fines medicinales así como la investigación científica y médica sobre sus propiedades.

Con medidas como las antes mencionadas, se garantiza el cumplimiento del espíritu de la Ley Nº 20.000, es decir que el consumo personal de cannabis, sea este social o medicinal, se vuelva posible y plenamente legal. A su vez, la producción y distribución de cannabis sale del circuito del narcotráfico, reduciendo los efectos de este mercado en materia de seguridad ciudadana. Por último, la regulación control del Estado sobre la producción de cannabis, a través de diversos

mecanismos como los planteados antes, garantiza la provisión de un producto de mayor calidad, sin que se mezcle esta droga con otros productos de alta toxicidad, impactando positivamente en la salud de los consumidores.

salud drogas

Fomentar la salud pública, educación e investigación

El consumo de sustancias y el tráfico de sustancias, son dos fenómenos de naturaleza distinta. Desde el punto de vista del consumo, la política de drogas en Chile debe ser considerada como una política pública enfocada en la salud y la educación, distinguiéndola, conceptual e institucionalmente, de los fenómenos asociados a la seguridad pública.

Por lo anterior, urge formular un nuevo plan de drogas que dependa de Ministerio de Salud, en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación, y no del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como es en la actualidad.

A su vez, la ciudadanía debe ser educada lejos de los tabúes ideológicos y las restricciones morales, en espacios donde puedan informarse de manera integral sobre las políticas públicas y derechos relacionadas; los beneficios (usos medicinales, tratamientos de sustitución, etc.); y los potenciales riegos y daños asociados al consumo de drogas, así como de las formas de evitarlos o disminuirlos, lo que implica reconocer e implementar el enfoque de reducción de riesgos y daños.

Esta perspectiva involucra un proceso de reeducación a nivel social y entre los distintos actores institucionales vinculados (como policías, fiscales, defensores, expertos, etc.). Así como una reorientación del rol que deben jugar los medios de comunicación en materia de prevención, entregando información correcta e informada a la ciudadanía.

Desde el punto de vista del tratamiento, resulta indispensable ampliar y mejorar cuantitativa y cualitativamente, la cobertura y enfoques actualmente utilizados, adaptando la oferta de tratamiento a las necesidades y posibilidades de las personas, y diversificando las modalidades de los mismos incluyendo, por ejemplo, programas de bajo umbral de exigencia.

Desde el punto de vista de la investigación, esta nueva perspectiva implica promover, actualizar y optimizar la investigación científica y social en materia de drogas de modo de poder contar con información y datos que permitan fundamentar y orientar de mejor modo las políticas públicas en la materia.

Propuestas específicas sobre drogas legalizadas: alcohol, tabaco y psicofármacos

Las actuales política de drogas han puesto el énfasis en las sustancias ilegalizadas, especialmente la cannabis, minimizando la magnitud, cuantitativa y cualitativa, de las consecuencias relacionadas a las drogas legales, entre las cuales se encuentran el consumo problemático y/o abusivo del alcohol: el principal problema de salud pública relacionado a drogas de nuestro país; o el sostenido aumento del uso de psicofármacos sin receta y/o supervisión médica. En este contexto, algunas de las medidas a implementar son:

  • Análisis, reclasificación e incorporación de todas las drogas en el nuevo reglamento a elaborar.
  • Aumento de impuestos específicos para el alcohol y tabaco los que serán destinados a tareas de prevención y tratamiento
  • Riguroso, periódico y público control sobre procesos de elaboración, producción y/o de estas sustancias
  • Prohibición de publicidad y/o auspicios del alcohol en eventos o instancias deportivas
  • Dar “suma urgencia” a nuevo y más estricto proyecto sobre etiquetado del alcohol incluyendo información sobre su composición y potenciales riesgos.

 crimen organizado

Focalizarse en crimen organizado

Cualquier estrategia de seguridad ciudadana en materia de drogas, debe centrar sus esfuerzos en tres ámbitos. En primer lugar, en la prevención, persecución y control del crimen organizado a gran escala y a nivel del microtráfico, que suele desarrollarse y proliferar en barrios vulnerables rompiendo el tejido social. En segundo lugar, en el mejor control y reguardo de nuestras fronteras.

Y por último, pero al mismo tiempo, resulta fundamental destinar recursos para el desarrollo de programas de prevención y recuperación de espacios públicos para contener y reducir la expansión del tráfico y el microtráfico, y ofrecer alternativas de vida y sustento a las poblaciones vulnerables.

Al establecer criterios claros que permitan distinguir entre consumo personal y tráfico o microtráfico de sustancias en general, así como la regulación específica sobre el cannabis, junto con evitar la injusta e inútil persecución criminal de los usuarios, se liberarán miles de millones de pesos y recursos humanos, tanto de las policías como del poder judicial, los que serán reinvertidos y focalizados en las tareas antes descritas, así como en otras del ámbito salud (prevención y tratamiento).


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